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Prisión preventiva para el excapitán Santos Rodríguez

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El juez de letras penal con jurisdicción nacional resolvió dictar un auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el capitán defenestrado de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, acusados de lavado de activos.

La audiencia inicial que se desarrolló por más de 12 horas, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó la carga probatoria mínima la cual fue tomada en cuenta por el juez para determinar que los tres continúen presos durante el desarrollo de este proceso.

A eso de las 10:00 de la noche del miércoles, finalizo esta audiencia inicial, el abogado defensor, Germán Salomón Amador, confirmó que presentarán el recurso de apelación contra la decisión tomada por el juez y que tienen un plazo de tres días para presentarlo a la Corte de Apelaciones.

En este expediente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de la captura de las tres personas la semana anterior, efectuó nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, acciones relacionadas al exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 

Posterior a los allanamientos, Fiscalía contra el Crimen Organizado y la ATIC procedieron al aseguramiento de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

 

A Rodríguez Orellana se le presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla, capturada en Tegucigalpa y su suegra Reina Lizeth Bonilla, arrestada en una gasolinera en Santa Rosa de Copán, Copán, justamente en la salida a Ocotepeque.

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, se determinó que el excapitán realizaba operativos en la zona de La Mosquitia y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba, denominado ZIPE.

 

 

Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.

 

 

Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

 

 

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, según a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el período comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado, precisa la fiscalía.