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Espionaje musulmán en mezquita

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos en un caso relacionado con la seguridad nacional y los reclamos de tres hombres musulmanes en California que denuncian haber sido vigilados ilegalmente en su mezquita por el FBI.

Los tres hombres, Yassir Fazaga, imán de la Fundación Islámica del Condado de Orange, Ali Uddin Malik y Yasser Abdelrahim, presentaron una demanda argumentando que la vigilancia realizada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se basó únicamente en su religión.

El Departamento de Justicia sostiene que llevó a cabo el programa de vigilancia por razones objetivas, no porque los vigilados fueran musulmanes, y ha invocado el privilegio del secreto de Estado para negarse a decir cuáles fueron las supuestas razones e instó a los tribunales a rechazar el caso.

El tribunal de distrito de California desestimó el reclamo de los demandantes, pero el de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos sugirió que esa instancia inferior debería celebrar audiencias a puerta cerrada para evaluar cualquier evidencia secreta.

El FBI apeló esa decisión y la Corte Suprema acordó escuchar el caso, considerado “extremadamente importante” porque responde a la pregunta de si el gobierno puede impedir cualquier demanda contra sus programas de vigilancia, “incluso cuando hay acusaciones muy fundadas, como esta, de discriminaciones religiosas”, consideró Ahilan Arulanantham, abogado de la poderosa asociación de defensa de los derechos civiles ACLU, que respalda a los demandantes.

Los tres californianos aseguran que el FBI infiltró un informante con antecedentes penales en su mezquita para grabar y recolectar información personal de los fieles entre 2006 y 2007, e incluso trató de “incitar a la gente a la violencia como parte de sus tareas para el FBI”, actitud por la que fue denunciado a la policía, agregó Arulanantham.

Tras el incidente, el informante hizo pública su labor remunerada para el FBI, lo que derivó en la demanda de los fieles contra la policía federal por discriminación y atentado a la libertad religiosa.

 

– “Debería haber una manera”-

Varios de los jueces de la Corte Suprema parecieron decantarse el lunes por la tesis del gobierno.

“Tratar con información supersecreta en los tribunales de distrito de todo el país crearía un problema de seguridad increíble”, advirtió el juez conservador Samuel Alito.

“La mayoría de los tribunales de distrito no tienen las instalaciones para tratar información de esa sensibilidad”.

“No es el tipo de información que desea que esté dando vueltas, ni siquiera en la Casa Blanca”, dijo el también juez conservador Brett Kavanaugh.

Otros parecían recelosos de dar carta blanca al gobierno.

“Debo decir, a primera vista de la denuncia, que los demandantes podrían probar que (…) han sido vigilados ilegalmente”, sostuvo la jueza Sonia Sotomayor, liberal.

El juez Stephen Breyer, también liberal, propuso que “debería haber una manera de que la corte vea la información y decida qué hacer”.

Se espera que el tribunal anuncie su decisión en junio de 2022.

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