FMI: Acuerdo Stand-By es por USD 207,5 millones

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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el Acuerdo Stand-By por DEG 149.88 millones (aproximadamente USD 207,35 millones) y un acuerdo en el marco del Servicio de Crédito Stand-By (SCS) por DEG 74.94 millones (aproximadamente USD 103,78 millones) a favor de Honduras, por un monto total de DEG 224,8 millones, aproximadamente (USD 311 millones o 90% de la cuota de Honduras). Las autoridades tienen la intención de asignar al acuerdo carácter precautorio. Estos acuerdos brindan apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno de Honduras en los próximos dos años.

Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Mitsuhiro Furusawa, realizó la siguiente declaración:
“Las autoridades hondureñas están ejecutando un programa integral de medidas económicas y reformas que tienen por objeto preservar la estabilidad macroeconómica, reducir vulnerabilidades, proteger a los más vulnerables y fomentar el crecimiento inclusivo.
“El objetivo fundamental del programa es afianzar la posición fiscal y a la vez proteger la inversión y el gasto social. La aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal debe ir acompañada de reformas decisivas para resolver desafíos estructurales en el sector de la electricidad y nuevos esfuerzos de movilización de ingresos, incluyendo la revisión de exoneraciones fiscales. Estas reformas ayudarán a reducir la brecha de infraestructura e incrementar el gasto social, y al mismo tiempo, garantizar la sustentabilidad fiscal.
“Las reformas en el sector energético tienen por objeto mejorar la eficiencia del suministro de electricidad, promover la inversión y afianzar la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Estas incluirán cambios en el marco institucional, un mecanismo para establecer tarifas de electricidad por parte de un organismo regulador independiente y reformas operativas y de gobernanza en la ENEE. Las autoridades han introducido subsidios para proteger a los más vulnerables de ajustes tarifarios.
“Se ha asignado prioridad a mejorar la gobernanza y la transparencia, y continuar la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos se dirigirán a mejorar el marco macroeconómico, incrementar la calidad del gasto público y fortalecer el estado de derecho – fundamental para mejorar el clima de negocios y fomentar la inversión y el empleo.
“La política monetaria continuará enfocándose en controlar la inflación. Las reformas apuntarán a fortalecer las instituciones monetarias y financieras para apoyar la transición a un régimen de metas de inflación, incluso mediante la adopción de un régimen de tipo de cambio más flexible. La vigilancia en el sector financiero deberá continuar, dado el crecimiento del crédito en moneda extranjera.
“El programa también promueve iniciativas para proteger a los pobres y fomentar la igualdad de género. Define el gasto social prioritario que se protegerá en los próximos años; e incluye un conjunto de intervenciones de alto impacto con el fin de aliviar la pobreza, promover la inversión en capital humano y apoyar la participación de la mujer en la actividad empresarial y en los mercados de trabajo, factores que son críticos para el crecimiento a largo plazo”.